El anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana impone nuevas sanciones de tipo administrativo a infracciones leves, graves o muy graves que no habían sido recogidas desde la aprobación de la anterior Ley Corcuera en 1992.

 

El anteproyecto sanciona nuevas conductas y altercados que, según Interior, gozan de una impunidad judicial, como la pasada movilización 'Rodea el Congreso' convocada el sábado en Madrid por la Coordinadora 25S ante el Congreso de los Diputados, las formas de protesta pacífica inauguradas por la plataforma para la defensa del medioambiente Greenpeace y los acosos de políticos que realiza la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

 

La bautizada Ley Fernández establece sanciones económicas a aquellos que insulten, graben y difundan contenido de las fuerzas de seguridad del Estado y a los que participen en altercados usando objetos que dificulten la identificación e incluso incrementa las multas por la quema de contenedores o las barricadas generadas durante las manifestaciones. Además, impide las concentraciones no autorizadas ante las instituciones del Estado y permite acotar perímetros de seguridad (normalmente de 300 metros) para evitar los escraches (manifestaciones que se convocan frente al domicilio o el lugar de trabajo de personajes públicos para reprobar su comportamiento en determinados asuntos políticos o sociales).

 

Frente a las críticas vertidas contra la propuesta legal, Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior responsable del anteproyecto, afirma que la ley protege el derecho constitucional de manifestarse de forma “libre y pacífica” y “no afecta en absoluto” a derechos fundamentales como puede ser el de manifestación o la libertad de información. Fernández constata que la nueva medida “garantiza que personas que cometen actos vandálicos, como destrozar mobiliario urbano y quemar contenedores, sean sancionados como procede, porque alteran la seguridad ciudadana y ponen en riesgo los derechos y libertades fundamentales de otros ciudadanos”.

 

Por otro lado, la nueva ley Orgánica establece que los padres deberán asumir el coste económico de los desperfectos ocasionados por sus hijos menores y tipifica como infracciones graves ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios de menores y cultivar droga sobrepasando los límites legales.

 

En la calle se escuchan opiniones negativas en su mayoría respecto a la nueva ley, pues algunos de los ciudadanos la conciben como el retorno de un “régimen franquista” en el que se coaccionan derechos tan democráticos como el de reunión y asociación.

 

Por su parte, los más puestos en el asunto se plantean si realmente el nuevo proyecto es una forma de garantizar la seguridad ciudadana o, más bien, un modo de recaudar dinero; después de todo, se observan multas de hasta 600.000 euros que recaen sobre uno de los temas que más preocupa al gobierno de turno: las concentraciones.

 

Cuando ya no nos queda nada, cuando ya lo hemos perdido todo, ¿qué nos queda? Los políticos lo saben bien y parece que entre sus intenciones no se encuentra el facilitar la intervención ciudadana en asuntos que repercuten a la sociedad directamente.

Como resultado de una mayor coacción a la hora de informar sobre personajes y actos públicos, una mayor dificultad para manifestarse y una menor intervención ciudadana, retrocedemos unos pasos en el camino hacia una democracia popular.