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¿El fin de RTVV?

Un comunicado oficial del  Consell de la Generalitat Valenciana anunció el cierre de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) el pasado martes. Cuatro días después de la negativa del Gobierno autonómico a sufragar la deuda y, a su vez, el mantenimiento de la cadena y las indemnizaciones de los despidos improcedentes, el futuro del medio autonómico no está tan claro. El procedimiento de liquidación podría costar más que la continuidad de la cadena no solo a nivel económico, sino también cultural y político.

 

La noticia del cierre se reveló horas después del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declaraba la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo ejecutado sobre el medio autonómico. La sentencia del órgano jurídico constató la necesidad de reincorporar e indemnizar a los más de 1600 trabajadores que habían sido despedidos en base a criterios arbitrarios, subjetivos y relacionados con la ideología personal denunciados por los sindicatos.

 

El miércoles, Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat Valenciana, aseguró que acatar el mandato del Tribunal suponía pagar 40 millones de euros a los desempleados del medio. Sin presupuesto suficiente, el Gobierno se veía obligado a liquidar la Radio y Televisión pública. Al mismo tiempo, el President culpabilizaba de la pésima gestión del ente público a Rosa Vidal, exdirectora de RTVV, por reinsertar 186 técnicos necesarios para el funcionamiento del ente público, y a los sindicatos por denunciar la vulneración de derechos fundamentales en los despidos improcedentes del pasado año.

 

La inminente suspensión del servicio público ha desatado una oleada de indignación. Algunos ex empleados,  estudiantes de Periodismo y Comunicación Audiovisual y actores del canal convocaron sucesivas manifestaciones espontáneas en el Palau de la Generalitat. El resto de la plantilla decidió suspender la programación prevista y utilizar el medio televisivo para denunciar la situación (cambio que ha supuesto la duplicación de la cuota de pantalla de 4,9), sin influencia ni presiones políticas. Incluso la Unió de Periodistes se concentró a las puertas de la sede de Nou en Burjassot con la intención de invitar al diálogo con los sindicatos para frenar el desmantelamiento del ente público. Acciones reivindicativas que expresan la rabia y el descontento generalizado de los desempleados, buscan el respaldo masivo de la población y exigen la supervivencia de Radiotelevisión valenciana.

 

Aun las disidencias, el procedimiento de liquidación se hará en un mes y medio según el Gobierno. El primer problema que implicaría suspensión de los servicios  es la vulneración del artículo del Estatuto de Autonomía que alude a la garantía de un medio público y  “los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de la comunicación y los medios audiovisuales en la Comunitat Valenciana”. Por otro lado, habrían de modificar la Ley de creación de la nueva RTVV SAU, que derogaba la legislación anterior sobre los medios autonómicos y  pretendía reestructurar la gestión en aras de mantener su rentabilidad económica.

Además de los 40 millones de la sentencia, la Generalitat Valenciana habría de asumir los costes de hacer un informe de viabilidad económica (el último fue elaborado por la firma PriceWaterhouseCoopers y costó alrededor de 198.000 euros) y de abogacía necesarios para regular un mayor número de extinciones de contrato. La indemnización de las productoras privadas, que elaboraban contenidos para la cadena desde 2012, supondrá dos millones de euros más. Los derechos adquiridos y  las compensaciones a la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos sumarán cinco millones de euros.  Un gasto total a largo plazo mayor que el mantenimiento de la entidad autonómica.

 

Del mismo modo, el cese de RTVV menguaría el fomento de la cultura y la lengua propia hasta límites nimaginables. El efecto colateral del cierre no solo afecta al sector audiovisual, sino a toda la comunidad de actores y actrices que buscaban una salida ante el desalentador panorama artístico y a la sociedad valenciana en su conjunto que gozaba de un servicio público informativo próximo a la región.

El fin de las emisiones puede repercutir también a nivel político. El Guantánamo informativo se ha quebrado y está floreciendo, bruscamente,  la información que la presión ideológica del Gobierno impedía destapar: casos de corrupción, abusos sexuales, persecución ideológica… Los espectadores fieles al medio público (y, en su mayoría, a los representantes políticos que lo articulaban) están abatidos y desconcertados por tal decisión política.

 

La continuidad de las retransmisiones que rompían con la espiral del silencio y dañaban la imagen pública del PP y la presión de los sindicatos y representantes de la oposición (Partido Socialista del Pais Valencià, Esquerra Unida del País Valencià y Coalició Compromís) que asumieron el control del consejo de la administración de RTVV con la dimisión de sus miembros, incitaron al partido dirigente a convocar un pleno de extrema urgencia para revertir la situación.

 

En esta reunión se promulgó un decreto ley que permitía recuperar el control sobre la entidad: nombrar de forma inmediata a un director general (Ernesto Moreno) que suplantase a Rosa Vidal, y a los miembros del consejo de administración que faltaban sin aguardar al nombramiento por Las Cortes Valencianas.

          
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