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Respeto a la legalidad, sí, siempre y cuando obtenga legitimidad social

Comúnmente, la prensa utiliza dos conceptos propios del lenguaje político como sinónimos: legitimidad y legalidad. La realidad es que uno de ellos ha de regirse por el otro y le otorga sentido en un contexto democrático.

 

Sin entrar en matices o tecnicismos, la legalidad remite a  un marco de leyes de obligado cumplimiento, cuya infracción supone un acto punible recogido en el Código Penal. Las normas legales pretenden regular la conducta de los individuos que conviven en sociedad y, así, solventar conflictos entre una o más partes. El ideal es crear un orden social cívico. El ideal.

 

Lo legítimo va mucho más allá. Alude a una norma moral, reflejo del sentir generalizado de la ciudadanía. En una democracia representativa, el demos cede su soberanía (y con ella sus valores, ideas y creencias comunes) al Parlamento y al Gobierno a través del sufragio universal confiando en que la articulación de leyes y medidas represente toda esta esencia.

 

Cuando las propuestas legales reflejan adecuadamente tal sistema de valores sociales, existe una concordancia entre legalidad y legitimidad. Por el contrario, si la propuesta legal no se acomoda a las exigencias generales, la injusticia se propagará como sentimiento generalizado.

 

Dicen que los nuevos contextos sociales generan nuevas realidades. Así es. De hecho, vacían de contenido ciertas leyes impuestas como inamovibles, objetivas y exigibles. La realidad social, las necesidades y los problemas, el desarrollo moral de la sociedad, van por delante de la vigencia de la legislación. Muchos de los derechos económico-sociales que garantiza el Estado de Bienestar no se pueden concretar porque dependen de las exigencias de una realidad viva y de la concepción legítima y dispar de la población. Y es aquí donde radica el problema.

 

Los ejemplos aclaran nuestra perspectiva. Es legal desahuciar a un propietario en caso de impago. Es ilegítimo que una persona se quede sin hogar, roce la precariedad y los límites de subsistencia. Es legal subir el IVA hasta un 21% para ingresar dinero en las arcas públicas y frenar la recesión económica. Es ilegítimo que la cultura de un país, bien preciado, decaiga y empiece, ella misma, su propia crisis. Es legal incrementar las tasas de las universidades para frenar el gasto público. Es ilegítimo que cualquier persona con ganas de ampliar su conocimiento (y su capacidad crítica) no pueda cultivar su mente por no gozar de una situación económica privilegiada.

 

Es legal que la Policía requise a los medios de comunicación todo el contenido que pueda resultar perjudicial para su imagen pública. Es ilegítimo que las fuerzas de Seguridad y Orden del Estado coaccionen el derecho a informar de actos que rozan, paradójicamente, la ilegalidad o que envistan sobre niños, adultos y ancianos para restablecer el orden público. Es legal manifestarse o asociarse para denunciar abusos de poder, represión o injusticia legal. Es ilegítimo hacer de ello un acto vandálico, violento y sin sentido.

 

Es legal que los representantes políticos, imputados por casos de prevaricación y cohecho impropio, sigan en las filas de nuestros Parlamentos y continúen presentándose, orgullosos, a las elecciones autonómicas y generales. Es ilegítimo que cualquier partido político se apropie del dinero público para fines individuales.

 

Es legal, incluso, que ante la incapacidad del gobierno autonómico de cubrir todas las deudas, este prescinda de la televisión pública valenciana. Es ilegítimo que la población de una región esté desinformada (por lo menos a través de un canal autonómico) sobre todo lo que acontece en su contexto más próximo.

 

No se ha de hacer oídos sordos a las voces que reclaman tener en cuenta su situación. Ellos y ellas confían en el sistema, en que las élites gobernantes se acercarán para escuchar el llanto de una sociedad molesta y disconforme con la degradación de sus derechos legítimos que emanaron de la Constitución Española. Respeto la legalidad, sí, siempre y cuando obtenga legitimidad social.

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