Respeto a la legalidad, sÃ, siempre y cuando obtenga legitimidad social
Comúnmente, la prensa utiliza dos conceptos propios del lenguaje polÃtico como sinónimos: legitimidad y legalidad. La realidad es que uno de ellos ha de regirse por el otro y le otorga sentido en un contexto democrático.
Sin entrar en matices o tecnicismos, la legalidad remite a un marco de leyes de obligado cumplimiento, cuya infracción supone un acto punible recogido en el Código Penal. Las normas legales pretenden regular la conducta de los individuos que conviven en sociedad y, asÃ, solventar conflictos entre una o más partes. El ideal es crear un orden social cÃvico. El ideal.
Lo legÃtimo va mucho más allá. Alude a una norma moral, reflejo del sentir generalizado de la ciudadanÃa. En una democracia representativa, el demos cede su soberanÃa (y con ella sus valores, ideas y creencias comunes) al Parlamento y al Gobierno a través del sufragio universal confiando en que la articulación de leyes y medidas represente toda esta esencia.
Cuando las propuestas legales reflejan adecuadamente tal sistema de valores sociales, existe una concordancia entre legalidad y legitimidad. Por el contrario, si la propuesta legal no se acomoda a las exigencias generales, la injusticia se propagará como sentimiento generalizado.
Dicen que los nuevos contextos sociales generan nuevas realidades. Asà es. De hecho, vacÃan de contenido ciertas leyes impuestas como inamovibles, objetivas y exigibles. La realidad social, las necesidades y los problemas, el desarrollo moral de la sociedad, van por delante de la vigencia de la legislación. Muchos de los derechos económico-sociales que garantiza el Estado de Bienestar no se pueden concretar porque dependen de las exigencias de una realidad viva y de la concepción legÃtima y dispar de la población. Y es aquà donde radica el problema.
Los ejemplos aclaran nuestra perspectiva. Es legal desahuciar a un propietario en caso de impago. Es ilegÃtimo que una persona se quede sin hogar, roce la precariedad y los lÃmites de subsistencia. Es legal subir el IVA hasta un 21% para ingresar dinero en las arcas públicas y frenar la recesión económica. Es ilegÃtimo que la cultura de un paÃs, bien preciado, decaiga y empiece, ella misma, su propia crisis. Es legal incrementar las tasas de las universidades para frenar el gasto público. Es ilegÃtimo que cualquier persona con ganas de ampliar su conocimiento (y su capacidad crÃtica) no pueda cultivar su mente por no gozar de una situación económica privilegiada.
Es legal que la PolicÃa requise a los medios de comunicación todo el contenido que pueda resultar perjudicial para su imagen pública. Es ilegÃtimo que las fuerzas de Seguridad y Orden del Estado coaccionen el derecho a informar de actos que rozan, paradójicamente, la ilegalidad o que envistan sobre niños, adultos y ancianos para restablecer el orden público. Es legal manifestarse o asociarse para denunciar abusos de poder, represión o injusticia legal. Es ilegÃtimo hacer de ello un acto vandálico, violento y sin sentido.
Es legal que los representantes polÃticos, imputados por casos de prevaricación y cohecho impropio, sigan en las filas de nuestros Parlamentos y continúen presentándose, orgullosos, a las elecciones autonómicas y generales. Es ilegÃtimo que cualquier partido polÃtico se apropie del dinero público para fines individuales.
Es legal, incluso, que ante la incapacidad del gobierno autonómico de cubrir todas las deudas, este prescinda de la televisión pública valenciana. Es ilegÃtimo que la población de una región esté desinformada (por lo menos a través de un canal autonómico) sobre todo lo que acontece en su contexto más próximo.
No se ha de hacer oÃdos sordos a las voces que reclaman tener en cuenta su situación. Ellos y ellas confÃan en el sistema, en que las élites gobernantes se acercarán para escuchar el llanto de una sociedad molesta y disconforme con la degradación de sus derechos legÃtimos que emanaron de la Constitución Española. Respeto la legalidad, sÃ, siempre y cuando obtenga legitimidad social.