La huelga y las manifestaciones del 24 de octubre unieron a todo el sector educativo (alumnado, profesorado y padres y madres) en contra de la aprobación de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), los recortes en becas y la subida de las tasas universitarias. La “ley Wert”, que está a la espera de su entrada en el Parlamento, supone un ataque a la educación pública, laica y con diversidad lingüística.
 
El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, señaló que hubo alrededor de un 21% de seguimiento de la huelga, mientras que el rectorado de la Universitat de Valencia aludió a una cifra de entre el 50% y el 60% (datos que varían en función de la universidad).         
                                                                                                                                                                                    Por la tarde, se incrementó el número de participantes. La UGT y la CCOO apuntaron hacia 60.000 personas en la manifestación de Valencia (sin contar los 25.000 de Castellón y los 50.000 de Alicante). Aunque estaba convocada para las 6.30 h, a las ocho aún salía gente de la Plaza San Agustín. La reivindicación finalizó en la Calle Colón con la lectura del manifiesto de los sindicatos.

En esta jornada, confluyeron una serie de grupos sociales con formas y objetivos diferenciados: los piquetes informativos, los manifestantes y las Fuerzas de Seguridad y el Orden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin pretensión de generalizar y ejercer un juicio categórico al analizar las actuaciones, los piquetes informativos siguieron, en su gran mayoría, los cauces legales que legitiman su actuación.

Los sindicatos FEU (Front d’Estudiants Unificat) y FEPV (Front d’Estudiants del Pais Valencià) cercaron las ocho puertas de la Universitat de Burjassot. A pesar de insistir e incrementar la presión sobre el alumnado en algún momento, actuaron de forma pacífica y moderada sin suscitar el rechazo de la mayoría personas que entraban en el campus.

En contraste, hubo grupos aislados de piquetes que coaccionaron o incluso agredieron (física o verbalmente) a estudiantes del Politécnico y de la Facultad de Medicina que pretendían entrar en clase, guiados por su libertad de acción. Disparidad de medios que, no siempre, justifican los fines que se pretenden alcanzar.

Existe cierto mito sobre la figura de los piquetes y su ilegalidad, construido en  base a actuaciones que desbordan los procedimientos legales institucionalizados. Los piquetes informativos están constitucionalmente reconocidos y quedan protegidos por las libertades de expresión, reunión y manifestación.

El Art. 28.2 de la CE recoge el derecho a huelga como derecho subjetivo y fundamental de los trabajadores, únicos legitimados, por medio de la siguiente fórmula: «Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad».

El canon de actuación de los piquetes está regulado por el Art. 6.6 del Real Decreto-Ley 17/1977: “Los trabajadores en huelga podrán efectuar publicidad durante la misma, en forma pacífica, y llevar a efecto la recogida de fondos sin coacción alguna”.

Tanto piquetes como manifestantes, protagonistas de las protestas por las que se pretendía paralizar el sector educativo, deberían entender que el derecho a huelga no comprende ni la coacción, amenaza o ejercicio de actos de violencia para perseguir sus fines; ni la limitación de la capacidad de decisión de otros mediante la coacción psicológica o moral. La violencia, en sus distintas versiones, no constituye la vía legítima en un contexto democrático.

Los grupúsculos aislados que coaccionaron o agredieron al alumnado para impedir la entrada en clase, quemaron contenedores o destruyeron del mobiliario urbano (la sede central de Bankia en Pintor Sorolla) sobrepasaron los límites lícitos. Alejándose del derecho de difundir los motivos de huelga o a expresar libremente el descontento social generalizado, este tipo de acciones desvirtuaron la protesta, desestimularon la adhesión a la marea de manifestantes y, en consecuencia, el impacto del movimiento sobre el Gobierno para el cese o la remodelación de las políticas ejercidas hasta el momento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin mencionar que constituyen una herramienta sumamente eficaz para los medios de ideología conservadora o afín a las políticas del Partido Popular. Al focalizar la atención en la radicalidad y la violencia ciudadana (una parte de toda la realidad social), hacen oídos sordos al resto de quejas del sector educativo. El descontento no trasciende a la esfera pública.
Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuaron de acuerdo con los principios básicos que establece la Ley Orgánica 2/1986 del 13 de marzo.

Según el artículo 5.2 de dicha Ley, referente a las relaciones con la comunidad, los Cuerpos del Orden “deben impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral”.

A su vez, se ha de “observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello”.
Por último, “solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior”.

Hubo momentos puntuales en los que se burló a la autoridad durante el transcurso de la manifestación. Por la mañana, el grupo de sindicatos estudiantiles se desvió del camino marcado por las fuerzas de seguridad, que fue de nuevo reconducido sin altercados. Además, algunos de los manifestantes desataron toda su rabia en forma de insultos dirigidos a los policías y a los diferentes dirigentes políticos. Sin embargo, no estaba en el papel de los policías ejercer su poder por la fuerza, al menos ese día.

Los antidisturbios solo aparecieron en el momento en que un grupo de simpatizantes decidió lanzar huevos y agrietó las puertas de la sede principal de Bankia y en aquellos casos en los que los piquetes optaron por la acción violenta para evitar que los estudiantes entraran en la universidad.

Como consecuencia de estos hechos, cobraron protagonismo las actitudes de rebeldía frente a la abolición de la reforma educativa que reivindicaba una mayoría.

Posiblemente sea este uno de los motivos por los cuales la ciudadanía española deposita mayor confianza en la figura del policía que en los sindicatos; y es que la población demanda orden y estabilidad en medio del caos, no más desorden.
 

Mientras no existan unos objetivos claros y predomine la ideología propia por encima del bien común, las portadas de los periódicos convencionales serán lo que siempre han sido: un contenedor quemado en medio de la Plaza de San Agustín. ¿Qué queremos? Ahora el pueblo decide.